Ahora que la visita del Papa ha vuelto a situar el debate sobre la moral en primera línea mediática, quizás es un buen momento para reflexionar sobre una cuestión de fondo. En un contexto marcado por el declive de las grandes religiones y por el auge de discursos que reivindican las libertades individuales, ¿quién y cómo debería promover los principios éticos que van más allá del simple cumplimiento de la ley? Valores como la solidaridad, la generosidad, el perdón, la esperanza o la paz forman parte del cemento invisible que mantiene cohesionadas las sociedades. Por lo tanto, si nadie asume la responsabilidad, aumenta el riesgo de que determinadas actitudes acaben quedando progresivamente desvinculadas de cualquier referente compartido.
Este debate resulta especialmente oportuno en un momento en que los medios de comunicación están llenos de casos de corrupción. Y, sin embargo, a menudo parece que estas noticias no nos interpelen de manera muy directa. Más bien se produce una extraña combinación entre la normalización del fenómeno y la convicción de que se trata de un mal que siempre habita en casa de los demás. Es frecuente escuchar expresiones como "son todos unos corruptos", formuladas siempre en tercera persona. Como si la corrupción fuera una característica exclusiva de una determinada categoría de personas y no una tentación potencialmente presente en cualquier ser humano cuando se dan las circunstancias adecuadas.
En este sentido, resultan especialmente interesantes las reflexiones de Dan Ariely, profesor de economía conductual y autor de diversas investigaciones sobre el engaño y la deshonestidad. Ariely defiende que la mayoría de las personas podemos tener una cierta tendencia a transgredir las normas, pero que la diferencia acostumbra a estar en la oportunidad (o en la escala) de corromperse y en la capacidad de no traspasar determinados límites morales. Por eso, más que simplificar el debate preguntándonos si la corrupción es cosa de políticos, quizás convendría dirigir la mirada hacia nosotros mismos. ¿Nos apropiamos de los bolígrafos de la oficina? ¿Hacemos un uso indebido del teletrabajo? ¿Cubrimos algún gasto personal con la tarjeta de la empresa? Pueden parecer conductas menores, pero es precisamente en estos pequeños gestos cotidianos donde a menudo se pone a prueba nuestra integridad.
Esta mirada también nos recuerda que la corrupción no depende solo de la moral individual, sino también del contexto organizativo. El politólogo Robert Klitgaard formuló una teoría muy influyente según la cual la corrupción tiende a aparecer cuando coinciden tres factores: una elevada concentración del poder de decisión, un amplio margen de discrecionalidad y una baja rendición de cuentas. Dicho de otra manera, cuando pocas personas pueden tomar decisiones relevantes, disponen de mucha libertad para hacerlo según su criterio y, además, están sometidas a pocos controles, la probabilidad de que aparezcan conductas corruptas aumenta significativamente.
"La corrupción no depende solo de la moral individual, sino también del contexto organizativo"
Por eso las organizaciones que aspiran a preservar su integridad no pueden limitarse a confiar en la buena fe de sus miembros. También deben construir sistemas que favorezcan la transparencia, repartan la capacidad de decisión y establezcan mecanismos de supervisión eficaces. No porque las personas sean necesariamente corruptas, sino porque cualquier sistema que quiera funcionar bien debería ser consciente de las debilidades humanas sobre las que se construye. Y es que, en el terreno de la gestión empresarial, la integridad no solo se invoca; también se diseña.
En definitiva, quizás convendría que todos recuperáramos la idea de libertad que ya defendían los antiguos griegos. Una concepción que iba más allá de la autonomía individual y que incorporaba de manera inseparable la responsabilidad hacia la comunidad. Ser libre no consistía solo en poder hacer lo que uno quería, sino también en actuar con conciencia de las consecuencias que las propias decisiones tenían sobre los demás. Porque la lucha contra la corrupción no se ganará únicamente en los tribunales ni a través de nuevos reglamentos. También dependerá de la capacidad colectiva para reconstruir una cultura de la responsabilidad compartida. Una cultura que no se limite a juzgar a los corruptos, sino que también nos lleve a preguntarnos, con honestidad, si los corruptos podríamos ser algún día nosotros.