Los límites de un sistema de financiación autonómica desconectado del territorio

10 de Febrero de 2026

Para las empresas y las familias de las comarcas de Catalunya, el debate sobre el sistema de financiación autonómico no es una cuestión técnica ni abstracta. Es una decisión política con efectos muy concretos sobre la cohesión territorial, la calidad de los servicios públicos y la capacidad de las administraciones de crear un entorno competitivo para la actividad económica.

El modelo vigente, diseñado en 2009 y que debería haberse renovado en 2014, hace más de una década que ha quedado claramente desfasado. No refleja la evolución demográfica, ni los cambios en la estructura productiva, ni las necesidades sociales y económicas de los diferentes territorios. A principios de 2026, el gobierno español ha puesto sobre la mesa una propuesta de reforma que prevé una inyección de recursos adicionales para las comunidades autónomas —cerca de 20.975 millones de euros a partir de 2027— mediante, principalmente, modificaciones en los porcentajes de cesión de impuestos como el IRPF o el IVA.

Este incremento de recursos es, sin duda, una buena noticia. Según los datos publicados, Catalunya podría recibir unos 4.686 millones de euros adicionales. Se trata de un paso adelante necesario, pero que no representa un cambio estructural de modelo. Más bien, estamos ante una mejora parcial que no resuelve algunas de las disfunciones de fondo del sistema de financiación autonómico

La propuesta no garantiza una distribución estable ni plenamente justa de los recursos a medio y largo plazo. La infrafinanciación persistente ha condicionado la capacidad de muchos territorios con un fuerte tejido productivo e industrial, como el Vallès Oriental, que han visto limitadas sus posibilidades de reforzar servicios públicos esenciales, impulsar políticas económicas e industriales o invertir en ámbitos clave como la vivienda pública y la movilidad. Todo ello tiene un impacto directo, tanto en la competitividad empresarial como en el bienestar de las personas

"La infrafinanciación persistente ha condicionado la capacidad de muchos territorios con un fuerte tejido productivo e industrial, como el Vallès Oriental"

En este debate hay un elemento muy importante, el conocido principio de ordinalidad. Este principio establece que las comunidades con más capacidad fiscal no deberían perder posiciones relativas en términos de recursos por habitante después de hacer su aportación solidaria. Una contribución más elevada al sistema no puede significar, en ningún caso, acabar en una situación de desventaja. Garantizar la ordinalidad por ley no es una demanda política, sino una exigencia de racionalidad económica, seguridad jurídica y corresponsabilidad fiscal

La ordinalidad no beneficia solo a Catalunya. Un sistema que respeta este principio evita penalizar los territorios que generan más actividad económica, ocupación y recaudación, y contribuye a romper dinámicas de subfinanciación crónica que acaban reduciendo la capacidad de crecimiento del conjunto del Estado. Por eso, es prioritario que el modelo final que se acabe pactando garantice que se respete de manera efectiva este principio.

Otro elemento imprescindible es avanzar hacia una corresponsabilidad fiscal real. La propuesta actual apunta algunos avances en la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC). Disponer de una ATC que acabe recaudando todos los impuestos no es solo una cuestión de autogobierno, sino también de eficiencia, transparencia y mejor rendición de cuentas ante ciudadanos y empresas. Hay que continuar avanzando con determinación en esta dirección.

Igualmente relevante es la publicación regular y transparente de los balances fiscales. Sin datos claros, recurrentes y homologables, no es posible mantener un debate riguroso sobre el sistema de financiación ni evaluar su impacto real. La transparencia fiscal debería ser una práctica normalizada en cualquier economía avanzada.

"Sin datos claros, recurrentes y homologables, no es posible mantener un debate riguroso sobre el sistema de financiación ni evaluar su impacto real"

Catalunya arrastra desde hace décadas una infrafinanciación estructural que no se corresponde ni con su peso económico ni con el esfuerzo fiscal de sus ciudadanos y empresas. Este déficit se ha visto perjudicado históricamente por un déficit crónico de inversión en infraestructuras agravado, además, por una ejecución sistemáticamente baja de las inversiones presupuestadas. Las crisis recurrentes de Rodalies son un ejemplo paradigmático: el resultado de muchos años de desinversión e incumplimientos, con un impacto directo sobre la productividad y el bienestar de los catalanes y las catalanas.

Hay que separar los debates, pero no desatarlos. Un mejor sistema de financiación es una condición necesaria para que Catalunya disponga de los recursos que le corresponden y, a la vez, pueda exigir con legitimidad el cumplimiento de los compromisos de inversión de acuerdo con su peso real en la economía del Estado.

Una visión ampliamente compartida por el tejido empresarial es que el acuerdo propuesto es preferible a la situación actual y constituye un primer paso para superar un modelo de financiación claramente agotado. Sin embargo, también hay un consenso creciente en que, a pesar de avanzar en la buena dirección, esta propuesta no da una respuesta suficiente a los déficits estructurales de la financiación de Catalunya. Por este motivo, es imprescindible apelar a los partidos políticos catalanes para que actúen con responsabilidad y voluntad constructiva, trabajando para mejorar el acuerdo en aquellos elementos clave que aún hay que reforzar. Se ha de facilitar la aprobación de un modelo que suponga una mejora real y efectiva de la capacidad financiera de la Generalitat, ya que perpetuar un sistema que durante años ha limitado los recursos del país no es, en ningún caso, una opción viable.