Al cabo de un año del gran apagón, el balance de la recuperación energética es ambivalente. Por un lado, los nuevos vientos políticos y sociales han hecho que la Unión Europea (UE) se replantee objetivos y calendarios de la descarbonización. Por otro lado, la guerra que Donald Trump y Benjamin Netanyahu han iniciado en Levante tiene como primer y más seguro resultado una crisis energética que la UE asegura que perdurará al menos dos años.
La nueva vida del gas natural
La nueva configuración de fuerzas en el Parlamento europeo, con retroceso de las que tenían planteamientos más progresistas y comprometidos ambientalmente y ascenso de la derecha extrema, ha forzado a la mayoría conservadora a modular aún más los objetivos de descarbonización. Unos objetivos que ya se habían ido diluyendo al final de la legislatura anterior, a raíz, por ejemplo, de las protestas campesinas y de la presión constante de los grandes sectores industriales más directamente afectados, empezando por los grandes fabricantes de vehículos.
El alargamiento de la guerra en Ucrania, sin embargo, ha disipado cualquier duda sobre la eventualidad de volver a importar masivamente gas ruso y se han consolidado los nuevos proveedores, como Estados Unidos y Catar, que se han añadido a Argelia como fuentes gasísticas principales. Todo ello, a precios más elevados, a los cuales se añaden los costes de la conversión del gas licuado, que llega con los metaneros en vez de hacerlo por las tuberías rusas.
Precisamente, una de las consecuencias directas del gran apagón ha sido recuperar la actividad de las centrales de ciclo combinado, porque tienen más capacidad de respuesta ante eventuales nuevas caídas de la red. La electricidad así producida es actualmente la más cara y con costes más volátiles, porque se alimenta de gas natural. Pero no solo. Las emisiones de carbono en España, que en 2024 ya disminuyeron un escuálido 0,8%, el año pasado aumentaron un 1,3%. La reanudación de la producción de electricidad a través de las centrales de ciclo combinado, que funcionan con gas, parece explicar este significativo cambio de signo en las emisiones. Volver a producir electricidad de esta forma ha sido la receta que Red Eléctrica Española (REE) implantó para afrontar cualquier nueva caída de la red, como la que se produjo con el gran apagón de hace un año.
Hidrógeno verde: más dudas y costes de los anunciados
El enfriamiento de las urgencias descarbonizadoras ha provocado que algunos proyectos anunciados a bombo y platillo, como el del hidrógeno verde, también hayan perdido empuje. En concreto, el gran operador energético español, que es Repsol, ha pausado las intenciones anunciadas para producir este hidrógeno elaborado con energías renovables. Otros poco interesados en que el proyecto funcione son precisamente los de Naturgy, herederos de los históricos introductores del gas natural en Catalunya y en España.
Por su parte, Enagás se mantiene como el principal impulsor del proyecto de hidrógeno verde, porque si ha de reducirse el uso del gas, al menos por sus tuberías pase alguna otra cosa. La compañía ha hecho saber, sin embargo, que hasta ahora solo ha podido constatar que el 30% de su red de gas es apta para el futuro hidrógeno verde, aunque aspira a que este porcentaje llegue al 70%.
En Catalunya se prevé que la red de hidrógeno una Aragón y la Comunidad Valenciana a través del polígono petroquímico de Tarragona hasta el Port de Barcelona
Por eso, plantea la construcción de nuevas tuberías paralelas habitualmente a las ya existentes. Dado que ya posee los derechos de paso, cabe pensar que los permisos y concesiones de paso serán más fáciles de obtener que con una red de nuevo trazado. Ahora, sin embargo, a diferencia de lo que se decía al principio, será necesario que el proyecto del hidrógeno verde y su eventual exportación a Centroeuropa a través del gasoducto submarino -H2Med- incorpore los costes de los tramos de las nuevas tuberías terrestres.
En concreto, en Catalunya, se prevé que la red de hidrógeno cuente con 270 km de trazado y que una Aragón y la Comunidad Valenciana a través del polígono petroquímico de Tarragona -donde está Repsol- hasta el Puerto de Barcelona. Es en el puerto donde está la planta regasificadora de Enagás, que se prevé que sea el punto de salida de la planeada conexión submarina hasta Toulon, en la desembocadura del Ródano. Enagás prevé iniciar la construcción de la red de hidrógeno verde el próximo año y que finalice en 2030.
El queroseno, punto crítico del negocio aéreo
En todo este contexto de incertidumbre, pero, se ha añadido la guerra de Irán, con la afectación de las infraestructuras energéticas del Golfo Pérsico y el bloqueo de Ormuz. La tesis dominante en la UE es que, aunque las hostilidades se detuvieran de forma inmediata, el impacto sobre los precios y sobre el volumen de flujos persistiría durante muchos meses. Especialmente, se es pesimista en el tema del gas, a causa de los destrozos en las instalaciones del principal productor de la zona, Qatar.
La tesis dominante en la UE es que, aunque las hostilidades se detuvieran de forma inmediata, el impacto sobre los precios y sobre el volumen de flujos persistiría durante muchos meses
Uno de los subproductos más afectados a corto plazo puede ser el queroseno de aviación, y ya han aparecido señales de alarma en el sector aéreo de cara a la campaña de verano. Precisamente, el hidrógeno -verde o no- es uno de los combustibles candidatos a sustituir el queroseno, por lo cual si entráramos en una situación de verdaderas restricciones, quizás un nuevo combustible verde se convertiría en una prioridad mucho más marcada que hasta ahora.
Veremos si los alarmistas anuncios de eventuales carencias de queroseno durante la campaña de verano se traducen en recortes significativos de vuelos. Entonces, quizás las compañías, uno de los sectores más reacios a la descarbonización, cambiarán de actitud y presionarán a constructores y proveedores para encontrar una alternativa efectiva a un combustible fósil que se ha revelado demasiado dependiente de las eventualidades políticas y militares.
Las irregularidades de las eléctricas que nadie había constatado hasta ahora
No ha habido mucho eco -publicidad obliga- al hecho de que después de varios informes -REE, expertos europeos- que no desentrañaban mucho las causas del apagón y de sus responsables, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es la única con capacidad sancionadora, ha identificado un amplio número de irregularidades en el funcionamiento de diversas instalaciones de producción eléctrica y de la misma REE o monopolio distribuidor. Irregularidades que, si bien no asegura que han sido la causa del gran apagón, sí las considera merecedoras de una sanción económica. Es una lástima que no se hubieran fijado antes y quizás nos habríamos ahorrado el gran apagón. Un poco como hizo Adif, que solo se vio obligada a auditar seriamente la red ferroviaria después de los accidentes de Adamuz y Gelida. Una vez más, constatamos cómo los organismos públicos que deberían velar por la seguridad colectiva sobresalen en competencia.
Según la CNMC, pues, existe una falta muy grave por parte de REE y cinco graves por parte de Iberdrola y dos de Endesa. Cada una de estas últimas incluye una de las centrales nucleares que gestiona. La CNMC también abre expediente por falta grave a tres ciclos combinados de Naturgy, otro de la empresa Bahia de Vizcaya y aún otro a Repsol. Según la información facilitada, se trata de cierre de instalaciones sin autorización, mantenimiento inadecuado y utilización de instrumentos que ponen en riesgo la seguridad sin incumplir las normas.
Pero este mismo viernes, la CNMC ha anunciado 35 nuevos expedientes a empresas eléctricas, uno de ellos de mucha gravedad -como el de REE- en la central de Almaraz-Trillo, gestionada conjuntamente por Iberdrola, Endesa y Naturgy. Precisamente, la primera central que debería clausurarse según el programa pactado entre el gobierno español y las eléctricas.
Según la CNMC, los incumplimientos no se limitarían al día del gran apagón, sino que se trataría de prácticas generadas en varios días y momentos. Es decir, si todo el mundo ha coincidido en que la caída de la red de hace un año respondió a un origen multifuncional, en realidad se trató de la acumulación y concatenación de irregularidades reiteradas por parte de las diversas compañías e instalaciones generadoras de electricidad. Muchos responsables por acción u omisión, y no solo las compañías eléctricas.
Forestalia, ¿punta del iceberg?
Desde posiciones progresistas, a menudo se había considerado de forma implícita que el desarrollo de las energías renovables generaría un soplo de aire fresco a las recluidas prácticas del oligopolio eléctrico y energético español. Pero no ha sido exactamente así. Por un lado, las mismas grandes compañías han penetrado en el negocio de renovables para no perder pisada. Es cierto que, de entrada, la producción descentralizada de energía dificulta muchas posiciones de dominio, a diferencia de las grandes instalaciones, fósiles y nucleares, que conllevan inversiones muy elevadas y de larga amortización.
Pero ya habíamos hablado en estas páginas de la picaresca del negocio de concesiones, en que había presuntos operadores que revendían la mayor parte de los permisos y concesiones obtenidas y así hacían los primeros dineros. Ahora, además de prácticas especulativas, parece que nos encontramos ante el primer caso conocido de comportamientos directamente delictivos. Se trata del caso de Forestalia y el proyecto de macroparque renovable en la comarca del Maestrazago, en Terol.
En muy poco tiempo, Forestalia se había convertido en un gigante renovable desde la nada, con una actividad muy concentrada en Aragón
En muy poco tiempo, Forestalia se había convertido en un gigante renovable desde la nada, con una actividad muy concentrada en Aragón, donde ha conseguido la adjudicación para producir grandes volúmenes de megavatios. Un Aragón despoblado donde la producción masiva de energías renovables convoca una insólita envidia y admiración por parte de algunos catalanes. Solo la formación política Teruel Existe ha presentado 99 denuncias y hay otros proyectos provisionalmente paralizados en la comarca leonesa del Bierzo y en Cantabria.
Aunque la investigación se encuentra parcialmente bajo secreto judicial, se apunta a una posible red de corrupción institucionalizada para conseguir la aprobación de parques eólicos y solares. De momento, sabemos que el presidente de Forestalia, empresario inicialmente vinculado al sector porcino, ha dimitido después de haber sido brevemente detenido y que se ha solicitado la paralización de plantas fotovoltaicas en Teruel -Masia I y II.
Es el problema de una actividad emergente que genera el interés -o la codicia, según los casos- de inversores ajenos y no ajenos al sector. El sistema de permisos y concesiones de tan gran número de iniciativas es fácil que presente agujeros de seguridad y equidad jurídica a cambio de sobornos a quienes deciden aceptar o no los proyectos. En estos casos, se trata de grandes instalaciones -superiores a los 50 MGW-, cuya aprobación se la reserva el Estado, a diferencia de las más pequeñas, que quedan en manos de las comunidades autónomas.
Mala pieza en el telar para todos juntos también en el negocio de las energías renovables. Y más si muchas de estas inversiones están poco capitalizadas y han requerido una financiación bancaria mayoritaria. Si, tal como apunta el amigo Vilajosana en el artículo de hoy, el precio actual de la electricidad hace que muchas instalaciones renovables sean deficitarias, inevitablemente se producirá un proceso de compra y concentración de explotaciones fallidas que es fácil que caiga en las manos del oligopolio eléctrico de siempre.