Ser capital y a la vez comunidad autónoma es una contradicción conceptual. La primera es Estado descentralizado; la segunda equivale, entonces, a doblar su condición: centrado y descentrado. Canadá, Estados Unidos, Australia, Brasil, México... Todos estos países ejemplifican el cuidado de hacer una capital como distrito federal (DF), pero no un estado más. Es bastante común, pues, que las capitales de países federales no pertenezcan a ninguna unidad federada "normal", o que tengan regímenes especiales para evitar tensiones políticas, mostrar neutralidad y ser centro de un poder federal equilibrado. Y así, toda la disputa de la financiación autonómica en las Españas, tal como vemos, chirría por este hecho. Y el debate durará, porque ahora ya no se puede encarrilar en términos de escamotear el problema de fondo.
Madrid, por riqueza y PIB, tiene derecho a un gasto ordinario como el de Catalunya, el País Vasco y Navarra (claro que Catalunya también tiene derecho al umbral de estos dos territorios). La Diputación de Madrid, como gobierno local, tendría derecho a que las competencias regulares de salud, educación, servicios sociales o vivienda, entre otras, se financiasen al umbral de los territorios mencionados. Pero en el resto de competencias (grandes infraestructuras, cultura, promoción económica, etc.) el trabajo ya se lo hace el Estado, que para eso es la capital.
En todo caso, tiene derecho a empate de esfuerzo fiscal en IRPF, sabiendo que IVA e impuesto de sociedades son ingresos marcados por la capitalidad. Y, a menos presión fiscal, le debe bajar la financiación. Madrid queda beneficiado también en IRPF, por mayores sueldos de capital, pero, como mínimo, habría que sacar de la ecuación aquel 1% de los mayores contribuyentes que no pueden ser objeto de dumping fiscal, y estos radican significativamente en Madrid y las Baleares (y menos en Catalunya y las forales). Esta cuota de muy ricos, que residen oficialmente allí donde más les conviene, deberían quedar fuera de los parámetros de la competencia fiscal entre CCAA, porque, de hecho, pesan y mucho en los resultados generales.
He mencionado la Diputación de Madrid, su gobierno local, pero el hecho de que esta se convierta en comunidad autónoma -en estado- supone un agravio que su presidenta utiliza para crear una confrontación con el presidente del gobierno central. Esta se fundamenta en términos de capital del Estado central contra gobierno de Estado central. Este es el espectáculo, como cuando se nos echa en cara la gran recaudación fiscal central, muy cierta, como si fuera de la comunidad cuando corresponde al hecho de capitalidad.
La financiación de Madrid es una derivada del resto o del conjunto, y no puede ser una variable independiente
No es este un asunto de balanzas fiscales, sino de claridad. Madrid puede ser DF, distrito federal, pero no comunidad autónoma en el pleno sentido de descentralización (¿descentralizar el centro?). Su financiación es una derivada del resto o del conjunto, y no puede ser una variable independiente.
Y hablar de financiación ordinaria lleva a la discusión de las inversiones del estado. Siguiendo la realidad de los países civilizados, estas alcanzan en sus regiones una misma dotación en redes generales (autovías, ferrocarriles...), dotación calculada según parámetros de superficie y población. Esta realidad y ley geográfica nos dice que los estados tienden a homogeneizar esta dotación, como una función del mismo Estado, resolviendo así un centralismo contra la periferia.
Aquí, sin embargo, el Gran Madrid ya abarca las dos Castillas y se construye desde el Estado y para el Estado (central). Por la ley mencionada, todas las CCAA españolas deberían aspirar a la misma dotación de red, todas y en todas partes, y este es un hecho muy fácilmente calculable por stock, por kilómetros de red física, sin que sea necesario mirar el dinero gastado. La asunción de este horizonte plurianual y de equidad debería ser un objetivo incontestable, a plantear en un marco político donde reina el tópico de la “igualdad de los españoles”.
La ordinalidad no solamente es debida, sino que es la única vía constitucionalmente posible; fijar la dimensión de Madrid como DF es la clave de todo
La descentralización de la recaudación y la claridad en las aportaciones al Estado son hechos que el modelo foral ya ha hecho evidentes y al que Catalunya -no Madrid- tiene pleno derecho en aplicación de la responsabilidad propia. La solidaridad no es ningún festival irracional, un comunismo de estado, sino que la ordinalidad no solamente es debida, sino que es la única vía constitucionalmente posible. Pero, fijar la dimensión de Madrid como DF, y no como CCAA, es la clave de todo.
... y el escollo Barcelona
El tema no queda aquí. Si hacemos autocrítica a escala catalana, podemos también ser claros y deberíamos ser equitativos en nuestra casa. En nuestra dimensión, el centralismo de Madrid ha sido reproducido en Barcelona en muchos aspectos. El Barcelonès es sistemáticamente receptor neto -o sea, nunca aportador- de la suma de todas las inversiones catalanas, desde la recuperación de la Generalitat y durante 40 años seguidos.
El centralismo de Madrid ha sido reproducido en Barcelona en muchos aspectos: el Barcelonès absorbe hasta el 96% del gasto del presupuesto en consorcios
Por ejemplo, ha concentrado la casi totalidad de la inversión ferroviaria catalana (léase L9 de Metro) y absorbe hasta el 96% del gasto del presupuesto ordinario de la Generalitat en consorcios de investigación, salud, etc. No hace falta seguir, pero en Catalunya necesitamos un reequilibrio de país que no crea en un único motor -la capital- cuando el país es enormemente dinámico en el más allá, no solo en la periferia metropolitana inmediata, sino en todo su conjunto.
Por el contrario, también hay debilidades y lejanías que merecen mejor tratamiento. Y esta obligación empieza por el esfuerzo de la objetividad y no solo por proclamas de voluntad sin datos. El debate de las Españas es también un debate de Catalunya, porque no hablamos solo de financiación, o de inversión, sino de desarrollo, de equidad, integración... O sea, de comunidad política.