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En los últimos días se ha sabido que existe un conflicto abierto entre los distribuidores de tabaco de Catalunya, los estanqueros, y el gobierno español con motivo de un cambio legal que se está estudiando aplicar y que, según el Gremi d’Estanquers de Catalunya y la Federació Catalana d’Estanquers —que cuentan con el apoyo de la patronal Foment del Treball— pondría en riesgo todo el sector, que en la actualidad da trabajo a unas 5.000 personas en toda Catalunya.
El motivo de la disputa es la modificación del Real Decreto 579/2017, que si los planes del gobierno de Pedro Sánchez salen adelante supondrá, según los estanqueros, la prohibición de facto de los cigarrillos electrónicos y de las bolsas de nicotina. Precisamente, Catalunya es el gran centro de producción de líquidos para cigarrillos electrónicos, dado que controla el 80% del mercado estatal.
Este conflicto ha tenido poco espacio en la mayoría de los medios, porque de un tiempo a esta parte todo lo que representa el sector tabaquero dispone de una visibilidad muy escasa, lo cual no quiere decir que esta industria haya desaparecido. De hecho, es un mercado que continúa moviendo mucho dinero, a pesar del apartheid legal al que está sometido a causa de la gran nocividad de sus productos.
El canal de distribución, los estancos —después veremos el origen de esta denominación— han sido siempre una concesión pública y, por lo tanto, su explotación ha estado muy ligada al Estado, hasta el punto que durante muchos años la rotulación de estos establecimientos eran grandes banderas españolas (de ahí procede el apodo de estanquera que a menudo se aplica a la bandera de España).
Desde el punto de vista histórico, el Estado había tenido una gran compañía dedicada a la fabricación y distribución de tabaco, la Tabacalera, SA, una empresa de capital semipúblico creada en 1945 y heredera de la anterior Compañía Arrendataria de Tabacos, un ente de carácter privado fundado en 1887 para gestionar el monopolio tabaquero y que cotizó en bolsa desde sus inicios.
Pero para encontrar los primeros antecedentes de la gestión del mercado del tabaco por parte del Estado todavía hay que viajar más lejos en el tiempo, hasta 1636, momento en que las Cortes de Castilla y León, reunidas en Madrid, promulgaron una Real Cédula con fecha 28 de diciembre de aquel año en virtud de la cual se fundaba la Institución del Estanco del Tabaco, con un objetivo eminentemente recaudatorio. Aquí es donde nació el término que todavía está vigente.
El Estado tuvo una gran compañía dedicada a la fabricación y distribución de tabaco, Tabacalera, SA, una empresa de capital semipúblico creada en 1945
El artefacto funcionó bastante bien hasta que España entró en un periodo de inestabilidad política a finales del siglo XIX, hecho que desembocó en la constitución de la mencionada Compañía Arrendataria de Tabacos, la firma que debía explotar el arrendamiento del monopolio. El principal accionista era el Banco de España (entidad privada en aquellos momentos) y en segundo término, a mucha distancia, el Banco Urquijo.
El arrendamiento se fue prorrogando hasta el año 1945, en que el gobierno franquista decidió crear una nueva empresa, Tabacalera, SA, de carácter semipúblico. Esta nueva empresa tenía el monopolio del tabaco en el Estado en el sentido de que cualquier otro fabricante debía pasar por ella antes de poner a la venta su producto. Por lo tanto, durante muchas décadas, en los estancos se encontraba tanto tabaco con marca de Tabacalera (Ducados, Fortuna, Bisonte, etc.), como tabaco con marca de las grandes multinacionales extranjeras (Winston, Marlboro, etc.), pero la empresa española cobraba por todas las ventas.
El caso de la Compañía General de Tabacos de Filipinas
Aparte de Tabacalera (y de la Compañía Arrendataria de Tabacos en su momento), durante muchos años existió otro gran fabricante español, como era la Compañía General Tabacos de Filipinas, que tenía sedes principales en Manila y en Barcelona. El monopolio no le permitía hacer venta directa a los clientes de la Península, sino que debía vender la producción a la compañía estatal.
La firma la había fundado por Antonio López López —marqués de Comillas— en 1881 y, como su nombre indica, se dedicaba a producir tabaco en Filipinas, donde el monopolio fue abolido en 1882. Por esta compañía, que acabó inactiva hacia 2007, pasaron personajes que llaman la atención, como el presidente del RCD Espanyol Manuel Meler Urchaga, que fue presidente y director general (1969-1989), el poeta Jaime Gil de Biedma Alba —por herencia paterna directivo y accionista— y el padre del cantautor Luis Eduardo Aute.
Entre 1945 y 1995 el Estado mantuvo siempre la mayor parte del capital de Tabacalera, pero a partir de aquel momento empezó a desprenderse de paquetes de acciones con vistas a la privatización total de la empresa
Entre 1945 y 1995 el Estado mantuvo siempre la mayor parte del capital de Tabacalera, pero a partir de aquel momento empezó a desprenderse de paquetes de acciones con vistas a la privatización total de la empresa, que culminó en 1998. Un año más tarde, a finales de 1999 se aprobó la fusión de Tabacalera con su competidora francesa Seita (Société d'Exploitation Industrielle des Tabacs et Allumettes) para formar Altadis, un gigante europeo.
El último viaje se produjo en 2008, cuando la británica Imperial Tobacco tomó el control de Altadis después de una larga OPA donde aparecieron como invitados los fondos de inversión CVC y Permira. El precio pagado por los ingleses se encaramó hasta los 12.600 millones de euros. Hoy en día, en la cartera de Imperial Brands (así se llama ahora la compradora) continúan sobreviviendo algunas marcas históricas de Tabacalera, como Fortuna (creada en 1974 para competir con el pujante tabaco rubio americano y muy vinculada en aquellos tiempos al marketing deportivo), Ducados (1963, emblema del tabaco negro español) o Nobel (1981, bajo en nicotina).
Catalunya, cuna de la industria tabaquera
A pesar de las múltiples restricciones y el reconocimiento público de los perjuicios del tabaco, los volúmenes de dinero que mueve este sector continúan siendo muy elevados. En el año 2025, la facturación agregada fue de unos 11.300 millones de euros, con Catalunya aportando más del 21% del total.
Este mercado genera unos ingresos a Hacienda cercanos a los 7.400 millones de euros. Se produce la paradoja de que a pesar de que el consumo no para de bajar, la facturación agregada y la recaudación fiscal van al alza a causa de la subida de precios continuada del producto final.
En el Estado, Imperial Brands (que emplea localmente la denominación societaria Altadis) es el segundo operador por ventas en el segmento de cigarrillos, detrás de Japan Tobacco International (JTI), que recientemente ha hecho el sorpasso y que tiene como principales marcas Camel y Winston. El tercero en discordia es Philip Morris, que cuenta con Marlboro (la marca más vendida en el Estado), Chesterfield y LM como principales activos.
Cada una de las tres tiene una cuota de mercado unas décimas superior al 27%, de modo que se puede decir que, a efectos prácticos, hay un triple empate. Los ingresos de estas compañías son de unos 650 millones de euros cada una, pero hay que tener en cuenta que la facturación global del grupo Altadis es mucho más elevada porque también son propietarios de la distribuidora de tabaco Logista. Detrás de los tres grandes, y a mucha distancia, está British American Tobacco, la propietaria de Lucky Strike, que se queda en una cuota de mercado del 9%.
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