En la literatura de Jane Austen, la vivienda y el género son claves en la trama sentimental de las novelas. Así, las protagonistas femeninas buscan en el matrimonio un hogar que de otra manera difícilmente podrían conseguir. Además, las novelas de Austen ponen el foco en una visión de las particularidades de la Inglaterra del siglo XIX y en las instituciones legales del derecho inglés de aquella época. Tomemos, por ejemplo, la famosa y tantas veces llevada a la pantalla Pride and Prejudice (en español, Orgullo y Prejuicio): allí, las hermanas Bennet viven una vida acomodada en el hogar de sus padres, pero con la angustia de saber que si su padre muere nada de eso les será transmitido por herencia, sino que acabará en manos de un primo lejano, cuya única virtud es ser hombre.
En el período en que se enmarcan las novelas de Austen, en Inglaterra existía una regla llamada de la Primogenitura, según la cual el descendiente varón de más edad heredaba obligatoriamente los inmuebles y la casa familiar, entre otros bienes. En España, la primogenitura masculina todavía está avalada en el artículo 57 de la Constitución Española, donde se indica que, en el acceso a la corona, en el mismo grado, el hombre tiene preferencia sobre la mujer; de hecho, es por esta regla que el Rey Felipe VI reina por delante de sus hermanas mayores Elena y Cristina. Y es por esta razón también que Leonor podrá ser reina siempre que el rey Felipe no tenga ahora o en un futuro un hijo varón.
El padre Bennet, igual que el rey Felipe, no tiene descendencia masculina, pero su padre, abuelo o ascendiente de quien heredó la finca familiar lo condicionó con una antigua institución legal inglesa llamada entail, que establece una limitación en la forma en que el Sr. Bennet y los sucesivos propietarios pueden disponer de la finca: solo puede disponer de la casa en testamento a favor de un miembro de la familia que sea hombre, descendiente directo o indirecto.
Este marco legal convertía el acceso a la vivienda en una cuestión de género. Sin derechos efectivos de propiedad, muchas mujeres dependían del matrimonio como única vía de estabilidad residencial y económica. Así, aquello que aparentemente es una narrativa sentimental se revela, en realidad, como una descripción precisa de un sistema en el que la vivienda actúa como vector de desigualdad estructural. Dos siglos después, el contexto ha cambiado, pero la pregunta de fondo persiste: ¿hasta qué punto el acceso a la vivienda continúa reproduciendo desigualdades de género? Si en tiempos de Austen el límite era legal, hoy a menudo adopta formas más sutiles, pero no menos efectivas: brecha salarial, precariedad laboral, monoparentalidad o dificultades de acceso a pensiones dignas. En este artículo, partiendo de aquel imaginario literario, exploraremos cómo la vivienda continúa siendo una pieza central en la configuración de las desigualdades de género.
¿Hasta qué punto el acceso a la vivienda continúa reproduciendo desigualdades de género? Si en tiempos de Austen el límite era legal, hoy a menudo adopta formas más sutiles
El acceso a datos desagregados por sexo en materia de vivienda, como en tantos otros ámbitos, continúa siendo muy limitado. Mejorar la disponibilidad y la calidad de la información estadística es esencial para diseñar e implementar políticas de vivienda realmente efectivas. Sin datos fiables, resulta imposible identificar con precisión las desigualdades existentes y, en consecuencia, adoptar medidas adecuadas para corregirlas. Es necesario insistir, una vez más, en la necesidad de incorporar un análisis riguroso basado en información diferenciada por sexo. Se trata de una exigencia transversal en todos los ámbitos de la sociedad y de la economía, y la vivienda lamentablemente no es una excepción. A modo de ejemplo, en el caso de las solicitudes de vivienda de protección oficial, la información no se recoge por sexo, sino que se agrupa por unidades de convivencia, lo cual impide incorporar la perspectiva de género en el diseño y la evaluación de las políticas públicas.
A pesar de esta falta de datos, sí podemos afirmar que el principal factor de desigualdad urbana hoy es el acceso a la vivienda, y que esta crisis de vivienda es especialmente una crisis de género. Este vínculo entre vivienda y género ya no se explica, como en la época de Jane Austen, con limitaciones legales explícitas, sino a partir de la desigualdad en la capacidad económica de las mujeres que, a lo largo de su ciclo vital, ven reducida esta capacidad, no por falta de formación o cualificación, sino por factores estructurales que condicionan sus trayectorias profesionales.
El primer hijo: el inicio de la brecha salarial
Antes del primer hijo, las diferencias salariales entre hombres y mujeres son relativamente reducidas. Pero con la llegada del primer hijo la brecha salarial se incrementa y ya no deja de crecer durante toda la vida de las mujeres. Tal como han puesto de manifiesto los estudios de Claudia Goldin, galardonada con el Premio Nobel de Economía el año 2023, la maternidad representa un punto de inflexión, mientras los ingresos masculinos se mantienen estables o incluso crecen, las trayectorias profesionales de muchas mujeres se ralentizan y acaban condicionando su autonomía económica actual y la del futuro y el acceso a recursos esenciales como la vivienda.
Es lo que la literatura económica ha conceptualizado como el motherhood penalty en contraposición al fatherhood premium, según el Wellesley Centers for Women, entre personas con estudios universitarios, las mujeres con hijos ganan aproximadamente un 11% menos que las mujeres sin hijos y un 42% menos (!) que los hombres con hijos.
En este contexto, la exclusión residencial se convierte en un reflejo de las desigualdades estructurales que condicionan a las mujeres durante su ciclo vital.
La persistencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres hace que, de media, estas dispongan de menos ingresos para afrontar el coste de la vivienda
La persistencia de la brecha salarial entre hombres y mujeres hace que, de media, estas dispongan de menos ingresos para afrontar el coste de la vivienda, sea en forma de alquiler o de hipoteca, y para competir en condiciones de igualdad con el resto de agentes del mercado inmobiliario. Asimismo, la presencia más elevada de mujeres en ocupaciones temporales o a tiempo parcial, junto con una menor tasa de actividad, se traduce en trayectorias laborales más inestables, hecho que limita el acceso a la financiación necesaria para acceder a una vivienda.
Los datos de Idescat correspondientes al cuarto trimestre de 2025 confirman esta precariedad laboral. Así, la tasa de actividad de las mujeres (56,74%) se sitúa diez puntos por debajo de la de los hombres (66,16%), hecho que evidencia que hay más mujeres que hombres en edad de trabajar fuera del mercado laboral, en gran parte porque continúan asumiendo de manera desproporcionada las responsabilidades de cuidado familiar. De la misma manera, la tasa de empleo también presenta una diferencia significativa, con un 52% en el caso de las mujeres frente al 60,73% de los hombres. A esto se añade una mayor incidencia de la temporalidad y del trabajo a tiempo parcial entre las mujeres, con un 18,8% las mujeres y un 8% los hombres.
Por estas razones, los hogares encabezados por mujeres (término que significa que la persona principal o de referencia y la que aporta la mayor parte de los ingresos es una mujer), tienden a ser más vulnerables. Además, estos hogares no solo disponen, de media, de menos ingresos sino que también soportan un gasto más elevado (véase mi artículo sobre El liderazgo femenino en el consumo: ¿quién manda a la hora de comprar?). Esta combinación de menores ingresos y mayores gastos genera una presión económica sostenida que limita la capacidad de ahorro, incrementa el riesgo de vulnerabilidad y dificulta el acceso y el mantenimiento de una vivienda digna.
La disolución de las parejas por separación o divorcio constituye una de las causas del aumento de los hogares monoparentales tanto en España como en Cataluña, con implicaciones directas sobre las condiciones residenciales. Las madres que encabezan estos hogares presentan, en general, tasas elevadas de inserción laboral, impulsadas por la necesidad de asumir de manera autónoma los gastos familiares y los de la vivienda. En muchos procesos de separación, además, se mantiene una pauta todavía predominante: es a menudo el hombre quien abandona la vivienda común, mientras que la mujer permanece en el hogar con los hijos, asumiendo la continuidad y las cargas económicas. La dificultad de acceso a la vivienda puede actuar como un factor que condiciona las decisiones de separación, pero su impacto no es homogéneo: las mujeres, a causa de una vulnerabilidad económica y residencial más alta, tienden a asumir unas consecuencias más graves.
¿Quién encabeza los hogares en Cataluña?
En paralelo, otro de los factores que ha contribuido al incremento de los hogares encabezados por mujeres es la menor presencia de hombres adultos en los hogares, puesto que es más probable actualmente que las mujeres vivan solas o asuman en solitario la crianza de los hijos. Sin embargo, esta evolución no puede atribuirse únicamente a cambios en la estructura de convivencia. Cada vez es más habitual que las mujeres sean identificadas como cabezas de hogar incluso cuando conviven con otros adultos, incluidas sus parejas, lo cual apunta a una posible transformación en el reconocimiento de las mujeres como referente principal de la unidad familiar en censos y en encuestas.
De los hogares encabezados por mujeres, una buena parte son hogares monoparentales (definidos como aquellos formados por un solo adulto con uno o más hijos), y de estos la gran mayoría son encabezados por mujeres: un 82%, de acuerdo con el estudio Género y Vivienda en Cataluña del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona. Estos hogares presentan, a su vez, una tasa de riesgo de pobreza del 40%, vinculada principalmente a la precariedad laboral y a las dificultades de conciliación entre la vida laboral y familiar. En muchos casos, el trabajo a tiempo parcial se convierte en la única alternativa, pero este tipo de ocupación conlleva no solo ingresos más bajos sino también una elevada inestabilidad.
De las familias que se encuentran en situación de desahucio, un 25% son hogares monoparentales y un 15% hogares unipersonales, ambas formas de familia mayoritariamente encabezadas por mujeres
Esta situación tiene efectos que se extienden a lo largo del tiempo: trayectorias laborales más precarias implican también menores cotizaciones a la Seguridad Social y, en consecuencia, pensiones más reducidas en la vejez. El riesgo de desahucio también está invariablemente ligado a esta vulnerabilidad económica. Así, según elInforme DESCA, de las familias que se encuentran en situación de desahucio, un 25% son hogares monoparentales y un 15% hogares unipersonales, ambas formas de familia mayoritariamente encabezadas por mujeres. Por ello, las políticas públicas de vivienda deberían situar como prioridad los hogares monoparentales y unipersonales, caracterizadas por un elevado riesgo de pobreza y por una presencia especialmente significativa de mujeres.
Las mujeres mayores, el gran segmento olvidado
Siguiendo este ciclo vital, es necesario abordar la cuestión de la vivienda en la etapa de la vejez. El incremento de la esperanza de vida en las últimas décadas ha comportado un aumento del número de personas mayores que viven de manera independiente en su domicilio. Por lo tanto, las políticas de vivienda deben tener en cuenta una población mayor que puede vivir muchos años en esta situación. Dado que la esperanza de vida de las mujeres a partir de los 60 años en Cataluña es superior a la de los hombres (88 años en el caso de las mujeres y 83 en el de los hombres), no es extraño que estas representen el 71,21% de los hogares unipersonales de más de 65 años. En concreto, las mujeres mayores de 65 años constituyen ya el 32,07% del total de estos hogares unipersonales. Dicho de otra manera, en Cataluña, 3 de cada 10 hogares unipersonales corresponden a mujeres de edad avanzada, que son, además, mayoritarias dentro del conjunto de hogares unipersonales de más de 65 años.
Este hecho, junto con la constatación de que las mujeres perciben, en general, pensiones más bajas que los hombres, dibuja un escenario en el que la brecha salarial existente al inicio de la vida laboral se traduce, a causa de las menores contribuciones de las mujeres a la Seguridad Social durante la etapa activa, en una importante brecha de género en las pensiones. Según datos del Idescat, el año 2024, la pensión contributiva media de la Seguridad Social por jubilación era de 1.800 euros para los hombres, mientras que en el caso de las mujeres era 650 euros inferior. El origen de esta diferencia se encuentra en una menor participación de las mujeres en el mercado laboral, a menudo vinculada a las tareas de cuidado y, por lo tanto, en bases de cotización más reducidas. De hecho, muchas mujeres mayores de 65 años perciben únicamente pensiones de viudedad, no directamente vinculadas a su trayectoria laboral y de importe más bajo.
En consecuencia, este colectivo de mujeres jubiladas con pensiones reducidas se vuelve especialmente vulnerable también en cuanto al acceso a la vivienda. De acuerdo con el Idescat, el año 2025 la tasa de riesgo de pobreza se sitúa en el 19,9% para las mujeres, dos puntos por encima de la de los hombres. Esta diferencia se acentúa en edades más avanzadas, entre los hombres de más de 65 años la tasa se reduce hasta el 12,6%, mientras que en el caso de las mujeres se sitúa en el 15,5%.
En definitiva, nos encontramos ante un círculo que se retroalimenta: la brecha salarial en la etapa activa consecuencia de la precariedad laboral, la mayor presencia de contratos a tiempo parcial y la asunción de las responsabilidades de cuidado, se traduce en menores ingresos, pensiones más bajas en la jubilación y peores condiciones de acceso a la vivienda a lo largo de la vida, perpetuando así las desigualdades.
Finalmente, cabe tener presente que en el año 2025 en Cataluña se registraron once feminicidios y casi 28.000 denuncias por violencia machista, todas ellas en el ámbito de la violencia familiar. Las mujeres víctimas de violencia de género se encuentran en una situación de vulnerabilidad especialmente grave, ya que a menudo comparten vivienda con el agresor y, como hemos visto, tienen dificultades para acceder a una vivienda alternativa. Esta dificultad de acceso a la vivienda hace que, en muchos casos, se vean obligadas a continuar conviviendo con su agresor, con las consecuencias que esto conlleva tanto para su seguridad como para el riesgo de sufrir exclusión residencial, incluida la posibilidad de acabar viviendo en la calle.
La precariedad residencial de las mujeres se construye sobre la base de la precariedad laboral, que se inicia con la maternidad y se arrastra a lo largo de todo el ciclo vital, hasta la vejez
La precariedad residencial de las mujeres se construye sobre la base de la precariedad laboral, que se inicia con la maternidad y se arrastra a lo largo de todo el ciclo vital, hasta la vejez. Por ello, una vez más, llegamos a la conclusión de que esta realidad no se puede combatir únicamente con políticas de vivienda, sino que requiere también políticas laborales y de conciliación familiar. Es necesario, entre otros, más guarderías para facilitar el retorno y la integración total de las mujeres al mercado laboral y mejorar así sus ingresos presentes y futuros.
Apunte final: en el Reino Unido, la preferencia masculina en la sucesión a la Corona se eliminó con la Succession to the Crown Act el año 2013. En España, en cambio, la primogenitura masculina se mantiene todavía hoy, aunque el debate continúa abierto. Otras monarquías europeas se adelantaron en esta dirección décadas antes: Suecia (1980), los Países Bajos (1983), Noruega (1990), Bélgica (1991) y Dinamarca vía referéndum el año 2009.