03
de Octubre
de
2016 - 02:30
A pesar de que el Gobierno español se defiende asegurando que no ha planteado ninguna subida de impuestos, sino tan sólo anticipar pagos; el cierto es que el decreto ley aprobado este viernes ha generado un malestar evidente en el mundo empresarial. Con el objetivo de recaudar 8.000 millones de euros adicionales, la medida fija un tipo mínimo del 23% en los pagos fraccionados del Impuesto sobre sociedades para las compañías que facturen más de 10 millones de euros, y del 25% en el caso de bancos y petroleras. De este modo, el Gobierno recupera una figura fiscal que había eliminado este mismo año. Entre el 2012 y el 2015, el gravamen mínimo era del 12% en las empresas con un negocio superior a los 20 millones de euros. Ahora, y de forma inmediata, la norma vuelve a cambiar y con más impacto. Al horizonte, el objetivo de la Administración de enjugar el déficit público para hacer los deberes marcados desde Bruselas.
"Esto no deja de ser un puntapié adelante. No sólo dará problemas a las empresas, sino que tampoco se recaudará más. Simplemente es un maquillaje del déficit", apunta a VÍA Emprendida Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio Hacienda (GESTHA). La medida, pues, tan sólo "salvará estéticamente las cuentas de este año". Cruzado recuerda que si esta se consolida, a la práctica "es una subida de impuestos, y si se para, en aquel momento se volverá a ver la caída de recaudación".
De hecho, el último dato de recaudación hasta agosto, en ingresos homogéneos, mostraba una caída del 24% respeto el año pasado. Y es que mientras el IRPF o el IVA ya recogen un poco por encima del que lo hacían antes de la crisis, en el caso del Impuesto sobre sociedades apenas logra el 60% de la recaudación que tenía entonces.
Qué implica para las empresas?
Por el presidente de GESTHA, esta medida "supone un adelanto de dinero que generará un bache de liquidez a las empresas". Al fin y al cabo, de repente se encuentran que antes del 20 de octubre "tienen que avanzar un impuesto que ni siquiera acabarán pagando, porque después se los devolverá". Al hacerlo sobre pérdidas e ingresos, matiza, "no tiene nada que ver con la liquidación que se hará después el año que viene con los ajustamientos, deducciones, etc. que acabará suponiendo mucho menos".
Es decir, se está avanzando un impuesto que siempre será superior al que después corresponderá pagar. "El Ministro decía que esto es como las retenciones del IRPF, pero estas están bastante ajustadas. En este caso no hay ajuste, serán unas cantidades que se devolverán casi todas", vaticina Cruzado.
El decreto ley aprobado de urgencia en un BOE extraordinario ha cogido prácticamente todo el mundo por sorpresa, puesto que la anunciada subida del impuesto no se intuía que fuera en esta dirección. "Se pensaba que se retomaría la norma de un mínimo del 12% para las empresas que facturan más de más de 20 MEUR", recuerda Carlos Cruzado. Al final, el umbral se ha rebajado a los 10 MEUR, hecho que afecta a muchas pymes. "Habría que modificar la legislación, considerar una gran empresa la que factura más de 10 MEUR está muy lejos de la realidad europea", recuerda el presidente de GESTHA, apuntando que al continente el listón acostumbra a situarse alrededor de los 40 MEUR.
Cruzado lamenta que desde el Gobierno se plantee una medida como esta en lugar "de intentar equiparar el que pagan las grandes empresas de verdad y las pymes". Mientras el tipo efectivo de las grandes corporaciones se sitúa al 6,9%, el de las pymes se ensarta al 13,9%, casi el doble.
Las patronales seoponen con contundencia
Varias patronales catalanas no han tardado a salir al paso de la propuesta del Gobierno, criticándola con dureza. Pimec ha calificado de "confiscatori y desproporcionado" el aumento del pago propuesto por el Gobierno español. En un comunicado, la patronal de la pequeña y mediana empresa asegura que "la medida es desleal, puesto que pretende mejorar la tesorería de la Administración y disfrazar el déficit público a cargo, entre otros, de más de 5.000 empresas catalanas, la mayoría pymes".
Un movimiento que, además, llega cuando estas compañías no disponen de margen de maniobra, puesto que el primer pago se prevé en menos de 20 días después de la aprobación del decreto ley. Para Pimec, esto afecta muchas empresas que "no tendrían que haber asumido este pago o lo habrían hecho en menor cuantía". La patronal critica el "desconocimiento de la realidad en que operan muchas de nuestras empresas" que evidencia esta medida, puesto que a pesar de que desde el Gobierno apunten que va dirigida a las grandes empresas afectará a buena parte de las medias y a diversas de pequeñas.
Además, Pimec cuestiona que "las cantidades tributadas en exceso no se recuperarán, en el mejor de los casos, hasta febrero del 2018". Así pues, se acabará produciendo un préstamo de las empresas a la administración sin ningún interés que "compense el agravio". Una situación que contrasta con el coste que supondrá por estas empresas pedir financiación en el mismo periodo de tiempo.
En la misma línea, el secretario general de Cecot, David Garrofé, ha considerado que la propuesta del Gobierno español es injusta y tendrá un impacto "considerable y desproporcionado". En un comunicado, la patronal vallesana también ha considerado incoherente el discurso de ayuda e impulso a la economía productiva que realiza el Gobierno español, cuando "en realidad está cargando las empresas con la financiación del déficit en lugar de aplicar reformas estructurales en profundidad y reducir el gasto en actividad no productiva".
Por Cecot, este dinero anticipado por las empresas no se podrán dedicar a la inversión, con el consiguiente impacto en la competitividad y en la creación de puestos de trabajo. Según Garrofé, la medida es injusta porque obliga a las empresas a pagar por anticipado y por adelantado todavía sin saber como se acabará su ejercicio, el que puede comportar problemas en su solvencia a corto plazo.
También desde la gran patronal española se ve de forma negativa la medida. La CEOE considera"desproporcionada y excesiva" la decisión, y también señala el impacto que este pago puede tener en la reducción de la inversión empresarial traducida en la imposibilidad de crear nuevos puestos de trabajo y garantizar su solvencia. A la vez, apunta que "afecta a la competitividad de las empresas españolas, que compiten con rivales situados en otras jurisdicciones que dispondrán de más liquidez para llevar a cabo inversiones y proyectos de investigación".
"Esto no deja de ser un puntapié adelante. No sólo dará problemas a las empresas, sino que tampoco se recaudará más. Simplemente es un maquillaje del déficit", apunta a VÍA Emprendida Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio Hacienda (GESTHA). La medida, pues, tan sólo "salvará estéticamente las cuentas de este año". Cruzado recuerda que si esta se consolida, a la práctica "es una subida de impuestos, y si se para, en aquel momento se volverá a ver la caída de recaudación".
De hecho, el último dato de recaudación hasta agosto, en ingresos homogéneos, mostraba una caída del 24% respeto el año pasado. Y es que mientras el IRPF o el IVA ya recogen un poco por encima del que lo hacían antes de la crisis, en el caso del Impuesto sobre sociedades apenas logra el 60% de la recaudación que tenía entonces.
Qué implica para las empresas?
Por el presidente de GESTHA, esta medida "supone un adelanto de dinero que generará un bache de liquidez a las empresas". Al fin y al cabo, de repente se encuentran que antes del 20 de octubre "tienen que avanzar un impuesto que ni siquiera acabarán pagando, porque después se los devolverá". Al hacerlo sobre pérdidas e ingresos, matiza, "no tiene nada que ver con la liquidación que se hará después el año que viene con los ajustamientos, deducciones, etc. que acabará suponiendo mucho menos".
Es decir, se está avanzando un impuesto que siempre será superior al que después corresponderá pagar. "El Ministro decía que esto es como las retenciones del IRPF, pero estas están bastante ajustadas. En este caso no hay ajuste, serán unas cantidades que se devolverán casi todas", vaticina Cruzado.
El decreto ley aprobado de urgencia en un BOE extraordinario ha cogido prácticamente todo el mundo por sorpresa, puesto que la anunciada subida del impuesto no se intuía que fuera en esta dirección. "Se pensaba que se retomaría la norma de un mínimo del 12% para las empresas que facturan más de más de 20 MEUR", recuerda Carlos Cruzado. Al final, el umbral se ha rebajado a los 10 MEUR, hecho que afecta a muchas pymes. "Habría que modificar la legislación, considerar una gran empresa la que factura más de 10 MEUR está muy lejos de la realidad europea", recuerda el presidente de GESTHA, apuntando que al continente el listón acostumbra a situarse alrededor de los 40 MEUR.
Cruzado lamenta que desde el Gobierno se plantee una medida como esta en lugar "de intentar equiparar el que pagan las grandes empresas de verdad y las pymes". Mientras el tipo efectivo de las grandes corporaciones se sitúa al 6,9%, el de las pymes se ensarta al 13,9%, casi el doble.
Las patronales seoponen con contundencia
Varias patronales catalanas no han tardado a salir al paso de la propuesta del Gobierno, criticándola con dureza. Pimec ha calificado de "confiscatori y desproporcionado" el aumento del pago propuesto por el Gobierno español. En un comunicado, la patronal de la pequeña y mediana empresa asegura que "la medida es desleal, puesto que pretende mejorar la tesorería de la Administración y disfrazar el déficit público a cargo, entre otros, de más de 5.000 empresas catalanas, la mayoría pymes".
Un movimiento que, además, llega cuando estas compañías no disponen de margen de maniobra, puesto que el primer pago se prevé en menos de 20 días después de la aprobación del decreto ley. Para Pimec, esto afecta muchas empresas que "no tendrían que haber asumido este pago o lo habrían hecho en menor cuantía". La patronal critica el "desconocimiento de la realidad en que operan muchas de nuestras empresas" que evidencia esta medida, puesto que a pesar de que desde el Gobierno apunten que va dirigida a las grandes empresas afectará a buena parte de las medias y a diversas de pequeñas.
Además, Pimec cuestiona que "las cantidades tributadas en exceso no se recuperarán, en el mejor de los casos, hasta febrero del 2018". Así pues, se acabará produciendo un préstamo de las empresas a la administración sin ningún interés que "compense el agravio". Una situación que contrasta con el coste que supondrá por estas empresas pedir financiación en el mismo periodo de tiempo.
En la misma línea, el secretario general de Cecot, David Garrofé, ha considerado que la propuesta del Gobierno español es injusta y tendrá un impacto "considerable y desproporcionado". En un comunicado, la patronal vallesana también ha considerado incoherente el discurso de ayuda e impulso a la economía productiva que realiza el Gobierno español, cuando "en realidad está cargando las empresas con la financiación del déficit en lugar de aplicar reformas estructurales en profundidad y reducir el gasto en actividad no productiva".
Por Cecot, este dinero anticipado por las empresas no se podrán dedicar a la inversión, con el consiguiente impacto en la competitividad y en la creación de puestos de trabajo. Según Garrofé, la medida es injusta porque obliga a las empresas a pagar por anticipado y por adelantado todavía sin saber como se acabará su ejercicio, el que puede comportar problemas en su solvencia a corto plazo.
También desde la gran patronal española se ve de forma negativa la medida. La CEOE considera"desproporcionada y excesiva" la decisión, y también señala el impacto que este pago puede tener en la reducción de la inversión empresarial traducida en la imposibilidad de crear nuevos puestos de trabajo y garantizar su solvencia. A la vez, apunta que "afecta a la competitividad de las empresas españolas, que compiten con rivales situados en otras jurisdicciones que dispondrán de más liquidez para llevar a cabo inversiones y proyectos de investigación".