En diversas ocasiones he hablado en este medio sobre el canal Segarra-Garrigues (a partir de ahora “el canal”). Una serie de coincidencias me han facilitado un cierto testimonio sobre aquello que aconteció cuando se ampliaron las zonas ZEPA (que significa, recordemos, Zona de Especial Protección para las Aves) sobre este canal. Mi proximidad familiar a la comarca de la Segarra, mi posición, entonces, como jefe del Gabinete Técnico del Departament d'Agricultura y la posterior coordinación del informe de impacto socioeconómico, realizado conjuntamente con Maite Sisquella y Ramon Lletjós, me aportan esta visión más cercana.
El canal es una obra gigantesca prevista desde hacía muchos años, pero, para hacerlo posible, hasta 1999 no se firmó un acuerdo entre el Estado y la Generalitat de Catalunya. Para su construcción se diseñó un proyecto con la mejor de las tecnologías del momento hacia un regadío a presión que afectaría a 81.376 hectáreas de tierra cultivable. Las obras comenzaron el año 2002.
Inicialmente, como compensación medioambiental se destinaron a zona ZEPA 7.619 hectáreas de los secanos de Mas de Melons-Alfés como tierras excluidas de regadío. Sin embargo, en diciembre de 2003 asumió el Gobierno de la Generalitat la coalición tripartita (PSC, ERC e ICV) con la coincidencia de que el partido político Iniciativa per Catalunya Verds (formación política que basaba su mensaje en la defensa del medio ambiente) asumiera la Consejería de Medio Ambiente. Este hecho propició que desde aquella consejería se impulsara el ensanchamiento de las ZEPA hasta 34.183 hectáreas. Es decir, el 42% del área cultivable, distribuidas entre 12.731 ha sin posibilidad de regadío y 21.452 ha con diversas restricciones que prácticamente limitan o incapacitan para una agricultura económicamente viable.
Digámoslo claro: no hay en el mundo ningún proyecto de regadío que incapacite para una agricultura viable el 42% de la superficie agraria útil. En caso de haberse conocido esta afectación futura, con una alta probabilidad el proyecto no se habría iniciado.
"Algunos hemos denunciado de forma reiterada el grave error de maltratar esta infraestructura hasta limitarle sus capacidades y llevar el proyecto a la casi inviabilidad económica"
El canal quería reproducir, en moderno, el potencial transformador de los canales de Urgell. Pero los tiempos habían cambiado. Una suma de vectores paralizantes, cada vez más frecuentes en Catalunya, unieron sus esfuerzos. Los propios de la Consejería de Medio Ambiente, responsables de la negociación con Bruselas, cuyos dirigentes afirmaban en privado que el canal era un atentado ecológico. Profesores de la Universidad de Lleida que señalaban que el canal era un “regadío del siglo XIX”. Organizaciones agrarias que frenaban el proceso de adopción del regadío con la esperanza de conseguir mejores condiciones económicas (posición de la cual están bastante arrepentidos) y, claro, movimientos ecologistas diversos y asociaciones de defensa del territorio o grupos NIMBY. Todos ellos consiguieron situar en el imaginario colectivo que el canal era una mala idea. Incluso, en mi entorno personal, se extrañaban de que yo pudiera defender aquello que todo el mundo sabía que era malo.
A pesar de ello, algunos hemos denunciado de forma reiterada el grave error de maltratar esta infraestructura hasta limitarle sus capacidades y llevar el proyecto a la casi inviabilidad económica. Hemos repetido una obviedad: que Catalunya tiene un muy bajo nivel de autosuficiencia alimentaria y necesita el regadío para su seguridad alimentaria. Sobre todo, en tiempos de tensiones geoestratégicas e incertidumbres crecientes. Hemos mostrado y demostrado los potenciales beneficios del proyecto del canal en términos económicos, sociales y de sostenimiento de la población y defensa del territorio. Hemos señalado, también, los impactos positivos de carácter medioambiental al acercar la producción de alimentos, limitando las exportaciones y propiciando la agricultura de precisión más efectiva con un uso de recursos más ajustados. Dicho, en otras palabras, estamos hablando de una infraestructura esencial para el futuro.
"Catalunya tiene un muy bajo nivel de autosuficiencia alimentaria y necesita el regadío para su seguridad alimentaria"
Por el contrario, los defensores de la extensión de las ZEPA hablan un lenguaje difícil de contradecir, sobre todo para un economista como yo. ¿Cuántas hectáreas necesita el águila cuatribarrada para estar medioambientalmente cómoda? ¿Qué grado de dificultad proporciona el regadío al sisón respecto al mismo cultivo en secano? Lógicamente, si nosotros, los humanos, no estuviéramos, los equilibrios biodiversos serían diferentes. Pero estamos. Un análisis desde el sentido común nos hace pensar que debemos encontrar un equilibrio entre las diferentes demandas o necesidades.
En el establecimiento de las ZEPA del canal Segarra Garrigues hubo, por un lado, exageración y falseamiento de los datos y, por otro lado, voluntad o intención de llevar el proyecto a la inviabilidad. No se puede entender que casualmente las ZEPA se situaran principalmente en las zonas más llanas y, a la vez más bajas. Es decir, donde se podía hacer más daño al proyecto, donde el regadío habría tenido más potencial y con menor coste energético (al estar bajo el nivel del canal). No se puede entender, a la vez, que no se tuvieran en cuenta como posibles zonas ZEPA áreas cercanas que nunca se regarán.
"El informe de impacto ambiental del canal expresaba la alarmante situación cercana a la extinción del piquituerto, pero olvidaba que aquella ave tiene una población entre 77.000 y 320.000 ejemplares en Europa"
Incluso, el entusiasmo medioambientalista permitió alguna exageración que simplemente hay que calificar de falsedad. El informe de impacto ambiental del canal, recogiendo la información del Libro rojo de las aves de España, expresaba la alarmante situación cercana a la extinción de la trenca (Alcaudon chico). Según aquel informe, con datos de SEO/Birdlife, en Catalunya solamente había cinco ejemplares, de los cuales en el área Segarra-Garrigues solo un ejemplar y en el resto de España ninguno. Realmente, el dato impactaba y justificaba un 42% de afectación de ZEPA al proyecto Segarra-Garrigues.
El informe, sin embargo, olvidaba que aquella ave, según las mismas fuentes, tiene una población entre 77.000 y 320.000 ejemplares en Europa. Además, es muy aventurado decir que esta es un ave de la Península Ibérica, dado que solamente llega ocasionalmente dentro de su ciclo migratorio que, viniendo de África, entra en Europa por el Este.
Las correcciones del Green Deal como modelo de actuación
La Unión Europea (UE), en noviembre de 2019, aprobó el llamado Green Deal europeo, destinado a implementar un conjunto de estrategias orientadas a hacer frente a la lucha contra el cambio climático y superar los desequilibrios medioambientales. Europa quería ser líder global de la gran transformación verde siguiendo los acuerdos de los tratados de París.
Con esta finalidad, estableció algunos objetivos de carácter medioambiental, todos ellos dentro de un manual del perfeccionismo climático y biodiverso. Por ejemplo: ampliar las áreas protegidas hasta el 30% de la superficie europea (en Catalunya, como excepción, ya tenemos el 33%); reforestación con 3.000 millones de árboles; reducción del 50% del uso y del riesgo que plantean los pesticidas; reducción de, como mínimo, el 20% del uso de fertilizantes; reducción del 50% de las ventas de antimicrobianos que se usan en los animales de granja y en la acuicultura, incremento de la agricultura ecológica hasta alcanzar una cuota del 25% del suelo de uso agrario, etc. La Política Agraria Común (PAC) se añadió con una hiperburocratizada gestión de las ayudas y una optimista y desinformada propuesta de cuaderno digital.
Como consecuencia, tal como se había advertido, los costes se incrementaron, los rendimientos físicos disminuyeron y a los mercados llegaron productos de importación producidos en condiciones medioambientalmente más laxas.
Poco tiempo después de las medidas establecidas por las diferentes estrategias del Green Deal europeo, se declaró la guerra de Ucrania. El impacto severo de este hecho bélico exigió, a toda prisa, modificar una serie de aspectos de aquello que se había establecido, algunos de ellos verdaderamente sorprendentes. Por ejemplo: aceptación de la energía fósil del gas y la nuclear como verde; aceptación de shale gas (obtenido por fracking); aceptación de soja y maíz transgénico; revisión a la baja de criterios sanitarios de importación de algunos alimentos; aceptación del cultivo en barbechos; impulso de la fertilización orgánica; revisión sobre el cultivo de agrocarburantes; etc. A la vez, algunas de las normativas en proceso de aprobación sufrieron modificaciones importantes y retrasos en su aplicación (por ejemplo, contra la deforestación o contra la aplicación del cuaderno digital). En realidad, ante un baño de realidad como el de abordar los impactos de una guerra cercana, la UE corrigió, dilató, repensó y cuestionó.
"El impacto severo de la guerra de Ucrania exigió, apresuradamente, modificar una serie de aspectos de aquello que se había establecido, algunos de ellos verdaderamente sorprendentes"
Sin embargo, las correcciones llegaron tarde y no impidieron las revueltas campesinas de 2024. Las cuales, sin duda, propiciaron el diálogo estratégico sobre el sistema alimentario impulsado por Ursula von der Leyen, y reflexiones de gran valor y oportunidad como el informe Draghi y el informe Letta. Errar es humano, pero rectificar demuestra sabiduría, dice el refrán. En la UE se ha entendido y lo han empezado a aplicar.
Los agricultores europeos están a favor de luchar contra el cambio climático y de establecer modelos de desarrollo más sostenibles. Sin embargo, los agricultores están en contra de aquello que es absurdo, contradictorio, inoportuno, precipitado, exagerado o que no entienden. Detrás de estas incomprensiones la extrema derecha hace buena cosecha de votos.
En Catalunya también hay que corregir: es necesario un reset sobre el Segarra-Garrigues
En Catalunya no se puede entender que ante tensiones geoestratégicas de primera magnitud no se haya sido capaz de tomar medidas lógicas de mejora del grado de autosuficiencia alimentaria. No se puede entender que las áreas potenciales de regadío, la base de nuestro abastecimiento alimentario merezca tan poca consideración. No se puede entender que se haya sido incapaz de prohibir la sustitución de cultivos por placas solares en estos terrenos de regadío o con potenciales para tenerlos. Tampoco se puede entender la indiferencia frente a las exageradas limitaciones por ZEPA en el área regable del canal Segarra-Garrigues.
Hay ZEPA que cuesta justificar sin el factor intencionado de poner en crisis una infraestructura por convencimientos ideológicos determinados. Cuesta entender, por ejemplo, que en la zona de Preixana-Belianes, que es ideal para el regadío, que es tierra plana, que está bajo el nivel del canal (con menos coste energético), que después de realizar la concentración y agrupación parcelaria atendiendo el regadío futuro previsto se declarara ZEPA, cuando muy cerca hay tierras sin posibilidades de riego, con los mismos pájaros. Cuesta entender, otro ejemplo, que después de tantos años se haya sido incapaz de hacer las pruebas piloto para posibilitar el regadío en el área de los Plans de Sió. Cuesta entender.
Estamos a tiempo de corregir errores. Es necesario que aquello que se estableció sin tener en cuenta los equilibrios necesarios entre las diferentes demandas de defensa de la biodiversidad, abastecimiento alimentario, viabilidad económica y equilibrio territorial, ahora sea revisado. Es necesario que factores ideológicos y dogmatismos juveniles no condicionen la vida económica de tierras con potenciales productivos necesarios. Es necesario un reset del Segarra-Garrigues. Es necesario revisarlo desde una mirada libre de los condicionantes políticos con los que se establecieron las limitaciones. A menudo se manifiestan argumentos legales contra la revisión de las ZEPA (“no lo podemos hacer porque la ley lo impide”). Las leyes, todas, en procesos democráticos razonados, son cambiables, incluso aquellas leyes que se establecieron para que nunca se pudieran cambiar.
"Es necesario que factores ideológicos y dogmatismos juveniles no condicionen la vida económica de tierras con potenciales productivos necesarios"
Se debería acabar la pereza de este país para hacer las cosas de manera equilibrada. No esperemos a hacerlo a toda prisa cuando en un escenario no descartable haya dificultad de abastecimiento alimentario. Entonces ya será imposible de corregir.