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Economista, empresario y presidente de la UEI-Cerclem

Pensar primero en micro y pequeña empresa para hacer grande la economía catalana

11 de Junio de 2026
Pep Garcia | VIA Empresa

Catalunya tiene empresa, industria, talento y capacidad emprendedora. Pero también tiene un reto urgente: dejar de penalizar a la pequeña empresa por el simple hecho de ser pequeña. En un momento en que hablamos constantemente de productividad, competitividad, reindustrialización, digitalización o inteligencia artificial, conviene recordar una realidad esencial: en Catalunya, la pyme no es una parte más del tejido productivo, es prácticamente el tejido productivo.

 

Según datos de Idescat, Catalunya contaba en 2025 con 618.781 empresas con establecimientos en el territorio. De estas, el 55,4% no tienen asalariados y el 38,8% tienen entre uno y nueve trabajadores. Es decir, el 94,2% de las empresas catalanas son negocios de autónomos o microempresas. Si ampliamos el foco hasta las empresas de menos de 50 trabajadores, es decir, considerando las pequeñas, hablamos del 98,6% del total.

"En Catalunya, la pyme no es una parte más del tejido productivo, es prácticamente el tejido productivo"

Estas cifras no son solo estadística. Son una llamada al realismo. Cuando legislamos, regulamos o diseñamos impuestos, obligaciones laborales, exigencias ambientales o procesos administrativos, hay que preguntarse siempre desde qué realidad empresarial lo hacemos. Aquello que puede ser asumible para una gran compañía con departamentos jurídicos, fiscales, laborales y de recursos humanos, puede convertirse en una carga enorme para una empresa de ocho, quince o 30 trabajadores.

 

La pyme catalana es resiliente, competitiva y extraordinariamente adaptable. Pero también está cada vez más tensionada. Muchas empresas operan con márgenes estrechos, poca estructura interna, dificultades para repercutir incrementos de costes y una presión reguladora creciente. Por eso, hablar de pyme no es hablar de una política sectorial: es hablar de empleo, territorio, cohesión social y competitividad de país.

Pep Garcia, presidente de la Unió Empresarial Intersectorial (UEI) ha asumido la presidencia del Consell Territorial de la Pime de Foment | Cedida

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Catalunya no es una economía menor. En 2025, el PIB catalán alcanzó los 334.765 millones de euros, cerca del 20% del PIB español, con un crecimiento del 2,7%. La industria generó más de 57.500 millones de euros de valor añadido. Tenemos una base productiva sólida. Pero la competitividad nunca está garantizada: se construye cada día, y también se puede debilitar.

Uno de los grandes problemas que afrontan hoy las empresas es el tsunami regulatorio. En el año 2024 se aprobaron en España 719 nuevas normas estatales, casi dos novedades legislativas al día. El BOE publicó más de 259.000 páginas y, sumando los boletines autonómicos, hablamos de casi 1,3 millones de páginas oficiales en un solo año. En Catalunya, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicó 178.776 páginas, el volumen más elevado entre comunidades autónomas por noveno año consecutivo.

Esto no es una percepción empresarial; es una realidad medible. Y tiene consecuencias muy concretas. En una pyme, a menudo quien debe interpretar la nueva norma es la misma persona que vende, produce, contrata, paga nóminas, negocia con el banco y atiende a los clientes.

"Apliquemos de verdad el principio de proporcionalidad: necesitamos un auténtico test pyme obligatorio antes de aprobar una nueva regulación"

Por eso defendemos aplicar de verdad el principio de proporcionalidad: pensar primero en la micro y pequeña empresa. Necesitamos un auténtico test pyme obligatorio antes de aprobar una nueva regulación, memorias económicas reales, ventanilla única, eliminación de duplicidades administrativas, plazos de adaptación suficientes y moratorias específicas para microempresas. Y hay que asumir una idea básica: cada nueva norma debería ir acompañada, como mínimo, de una parte simplificada para la pyme.

En el ámbito laboral ocurre algo parecido. Todos compartimos el objetivo de mejorar salarios y condiciones laborales. La cuestión es cómo hacerlo de manera sostenible. La reducción de jornada a 37,5 horas sin reducción salarial habría comportado, según las estimaciones disponibles, un sobrecoste de 23.000 millones de euros para las empresas españolas y un incremento del coste salarial del 7%.

Para una gran empresa puede ser una línea más de presupuesto. Para una pyme, puede significar no contratar, aplazar inversiones o perder competitividad. El problema no es cumplir la ley. El problema es imponer modelos rígidos y homogéneos sin tener suficientemente en cuenta la diversidad de sectores, horarios, dimensiones empresariales y formas de trabajo. La flexibilidad no es precariedad. Bien gestionada, es una herramienta para preservar actividad, empleo y conciliación.

También hay que hablar claro de fiscalidad. La pyme no pide privilegios ni exenciones. Pide una fiscalidad estable, comprensible y competitiva. Catalunya tiene un problema de competitividad fiscal respecto a otros territorios, especialmente cuando empresas, inversión y talento se comparan con diferentes marcos regulatorios y fiscales. No se trata de entrar en una carrera a la baja, sino de evitar quedar fuera de la competición global.

Otro cuello de botella es el talento. Casi la mitad de los establecimientos empresariales catalanes afirman haber tenido dificultades para cubrir puestos de trabajo durante los últimos años. En la industria y la hostelería, este porcentaje supera el 54%. Las causas son conocidas: falta de candidatos, insuficiencia de competencias técnicas y desajuste entre la formación disponible y las necesidades reales de las empresas.

"No puede ser que tengamos personas buscando trabajo y empresas buscando personas, y que el sistema no sea capaz de conectarlas adecuadamente"

No puede ser que tengamos personas buscando trabajo y empresas buscando personas, y que el sistema no sea capaz de conectarlas adecuadamente. Necesitamos una FP dual más vinculada al territorio, prestigiar los oficios, mejorar la orientación profesional, impulsar microformaciones prácticas y reformar unas políticas activas de empleo que todavía no responden con suficiente eficacia a las necesidades de la pyme.

La digitalización y la inteligencia artificial abren otra gran cuestión. La pyme puede innovar, y muchas ya lo hacen. Pero innovar no siempre significa tener un gran departamento de I+D. Innovar también es digitalizar la gestión, automatizar procesos, mejorar la relación con los clientes, optimizar inventarios o incorporar herramientas de inteligencia artificial en tareas administrativas y comerciales.

Ahora bien, existe un riesgo evidente: que la IA abra una nueva brecha entre grandes empresas y pequeñas empresas. Para evitarlo, es necesario acompañamiento práctico, formación directiva y técnica, ayudas sencillas y una colaboración estrecha con las organizaciones empresariales territoriales. La IA no debe ser solo para grandes corporaciones. Bien aplicada, puede dar escala y eficiencia a la pyme.

Finalmente, debemos abordar una cuestión de fondo: la dimensión empresarial. A la pyme catalana no le falta ambición para crecer; a menudo le falta un entorno que la acompañe. Tenemos un tejido muy atomizado, con muchas microempresas que nacen, pero pocas que consiguen escalar. Hay barreras de financiación, regulación, fiscalidad y cultura empresarial. Y demasiado a menudo, crecer implica más complejidad, más costes y más incertidumbre.

"A la pyme catalana no le falta ambición para crecer; a menudo le falta un entorno que la acompañe"

Según Cepyme, el tamaño medio de la empresa española es de 4,8 personas, frente a una media europea de 5,9. Incrementar esta dimensión empresarial permitiría aumentar el PIB, crear empleo, reducir el paro y mejorar los ingresos públicos sin necesidad de incrementar la presión fiscal.

Hacer crecer nuestras pymes no es solo una cuestión empresarial; es una cuestión de país. Necesitamos financiación de crecimiento, capital con visión de medio plazo, incentivos a las scaleups, más colaboración empresarial, más internacionalización, más formación directiva y una administración que no penalice el salto de dimensión.

Desde el Consell Territorial de la Pime de Foment del Treball y la UEI lo decimos con claridad: no pedimos menos ambición para el país. Pedimos más. Queremos mejores salarios, más productividad, más innovación, más sostenibilidad, más internacionalización y más empresas capaces de competir. Pero esto, solo será posible si las normas y las políticas públicas se diseñan desde la dimensión real de las empresas.

Porque cuando la pyme funciona, funciona el empleo, funciona el territorio y funciona el país.