El 18 de noviembre de 2017 unas 60.000 personas llenaron las calles del centro de València reclamando una financiación justa. La foto pretendía ser histórica, dado que se sumaron muchos representantes de la sociedad civil, sindical y patronal, y hubo gran consenso entre los partidos políticos (sólo el PP se quedó en casa); sin embargo, no tuvo mucho eco fuera del territorio Valènciano.
Durante los debates entre los presidenciables de las elecciones españolas, las redes sociales quemaban en el País Valencià esperando algún gesto o buena voluntad sobre este asunto (sólo lo mencionaron, y brevemente, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el segundo round). Sabemos que es una de las grandes reivindicaciones políticas y empresariales, pero el mensaje no llega a Madrid; o más bien, no llegan las soluciones a València. Qué pasa en el País Valencià con la financiación?
El actual sistema es de 2009
Viajamos a la raíz de la cuestión. El actual sistema de financiación autonómica fue aprobado en 2009 por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero para reformar el anterior, de 2002. Dicho esto, hay que explicar las dos vías de financiación que tienen las autonomías.
Por un lado, tenemos los tributos cedidos totalmente (impuesto de patrimonio, impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados) y los tributos cedidos parcialmente (el 50% del IRPF y el IVA y el 58% de los impuestos especiales). Antes de 2009, las CCAA se quedaban menos: el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales. De todo el dinero que recaudan, se quedan el 25%, y el 75% restante, lo tienen que volver a la caja española y el Estado lo reparte. Por otro lado, tenemos el dinero procedente de esa caja, que se distribuyen según queda estipulado en el sistema de financiación vigente.
El sistema de 2009 pretendía recoger las aspiraciones aprobadas a los Estatutos de Autonomía, reducir la disparidad en el nivel de recursos por habitante y ampliarlos. Pero este modelo ha convertido el País Valencià en la comunidad peor financiada, como así lo demuestran diferentes estudios. Por qué, si pretendía arreglar precisamente las desigualdades territoriales contemplando el peso poblacional?
Hablamos con Francisco Pérez, catedrático de la Universitat de València y director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Explica que el origen de los cálculos se remiten al momento en que se descentralizaron las competencias del Estado. Entonces el gobierno español decidió transferir a cada autonomía la cantidad que gastaba en cada una de ellas. "Era un procedimiento razonable si partimos del hecho que el Estaco centralizado gastaba lo mismo en todas partes. Pero cuando se analizaron los resultados, se encontraron que el Estado no hacía lo mismo en todas las autonomías: en algunas había un despliegue más amplio que en otros. En el País Valencià, Illes Balears, Catalunya y Murcia la presencia del Estado era más baja", explica Pérez.
"Cuando se planteó esto, se pusieron sobre la mesa reformas con criterios objetivos de reparto. La población era una variable fundamental. Pero si repartes por población, unos tienen que ganar mucho más, porque partían de una base que no se correspondía a su peso, y otros tienen que perder porque recibían más de lo que deberían. Esto genera una resistencia al cambio y una defensa del statu quo de algunas autonomías que hace que acabe predominando lo que se hacía en el pasado. Es una discusión interminable que hace que el País Valencià continúe a la cola", lamenta el investigador. Hay que añadir que el sistema de financiación es quinquenal y por lo tanto, el actual está caducado desde 2014.
Muchos informes dicen que el País Valencià es la autonomía peor financiada
Uno de los estudios que defiende que la autonomía valenciana es la peor financiada es la liquidación de 2015 del sistema de financiación de las comunidades autónomas, elaborado por la fundación Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) en 2017. Según sus cálculos, si la media del dinero que reciben las autonomías es 100 por habitante, Cantabria fue la más beneficiada con 123,4, seguida riojana (120,8), Extremadura (114,4), Balears (108,4), Castilla y León (106,8), Aragón (105,4), Asturias (104,8), Galicia (104,6), Canarias (102,9) y Castilla-La Mancha (100,3). El resto están por debajo de la media y la peor es el País Valencià, con 92,5.
Otro. El Informe de la comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica de julio de 2017 encargado por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro (PP) refleja que cada ciudadano recibió en el Estado español una media de 2.175 euros. Los más afortunados fueron los riojanos, donde llegaron a los 2.666 por habitante, y los cántabros, con 2.659 euros. En las Islas reunieron a los 2.292 euros y quedó patente que Catalunya recibía por debajo de la media, 2.114 euros. Los más perjudicados son, de nuevo, los Valèncianos, con 1.997 euros.
El director del IVIE, Francisco Pérez, explica que cuando se corrigen los habitantes teniendo en cuenta las necesidades de la población, es decir, la "población ajustada", también figura el País Valencià como la autonomía "al nivel más bajo". Hablamos, por ejemplo, de los gastos en educación que varían en función de los niños de una región o de la relación de personas mayores, que incrementan el uso de la sanidad. "Como consecuencia de que hay menos recursos, se hace menos gasto público a los servicios de la Generalitat. A pesar de que gastamos menos, tenemos más déficit de manera continuada y generamos más deuda", observa.
Cómo afecta la infrafinanciación a la vida de los valencianos?
Pérez apunta que el nivel de gasto en educación y sanidad en el País Valencià, "con algunas excepciones", es muy similar al del resto de CCAA porque los tipos de servicios "son muy pareguts" (sólo cita las comunidades forales, País Vasco y Navarra, como territorios con más prestaciones porque "tienen más dinero").
Entonces, "toda la presión se concentra en el resto": "Una vez que has gastado en educación y sanidad al mismo nivel que las otras CCAA y con unos ingresos menores, no te queda casi nada". Por lo tanto, señala que la infrafinanciación afecta, sobre todo, las partidas de protección social (servicios sociales, dependencia, etc.) y a todo aquello que tiene que ver con el desarrollo económico (infraestructuras, apoyo a las empresas, innovación, etc.). "En actividades de fomento de la actividad económica gastamos el 50% de la media y la tercera parte de lo que gastan autonomías de la cornisa cantábrica. Es como si salimos a jugar el partido con una mano anudada a la espalda", observa el investigador.
La única autonomía pobre que paga como si fuera rica
Muy ligado al problema de la financiación es que el País Valencià tiene un PIB per cápita un 12% inferior a la media estatal, pero paga como si estuviera por encima. Por eso se dice que es la única comunidad autónoma pobre que paga más de lo que recibe de la caja estatal y que tiene un déficit fiscal. Porque pasa esto?
Pérez nos dibuja un estado imaginario donde cada comunidad autónoma es independiente: "Unas tendrían más recursos que otros porque su capacidad tributaria es mayor y las pobres tendrían menos. No habría un mecanismo de solidaridad interterritorial". Esto no es así, de forma que el sector público recaudar en cada territorio de acuerdo con su capacidad pero gasta en función de sus necesidades, que se definen por población. "En Extremadura tienen que gastar en proporción a su población, no a la renta por habitante, aunque sea baja", explica.
El País Valencià "con 12 puntos por debajo de la media del PIB por habitante es contribuyente, tiene un saldo fiscal negativo y recibe menos de lo que aporta"
Por lo tanto, dice que la balanza fiscal de los territorios ricos tiene que ser negativa (porque recaudan más de lo que gastan y contribuyen de forma solidaria) y el de los pobres, positiva (recaudarían en función a su renta y gastarían en proporción a su población).
El investigador asegura que en la mayor parte de los casos funciona así, pero hay cinco excepciones. Por un lado, cuatro "son ricas, tienen rentas por encima de la media y son receptoras limpias": País Vasco, Navarra, Aragón y La Rioja. Por otro lado, está el País Valencià, que "con 12 puntos por debajo de la media del PIB por habitante es contribuyente, tiene un saldo fiscal negativo y recibe menos de lo que aporta".
La deuda histórica
Por último, la infrafinanciación genera un último problema reivindicado de manera desigual por la clase política valenciana: la deuda histórica. El IVIE calculó una deuda asociada al sistema de financiación injusta "por encima de los 20.000 millones" desde 2002, "cuando todas las CCAA tienen las mismas competencias". Pérez comenta que se podría añadir parte de la deuda anterior a esa fecha, pero "las cifras son más difíciles de precisar".
La deuda histórica de España con el País Valencià asciende a más de 20.000 millones des de 2002
Para llegar a esa cantidad, la IVIE toma como dato lo que ha gastado desde entonces el País Valencià y qué seria el déficit en el supuesto de que hubiera tenido los mismos ingresos que la media. "La parte del déficit que se debe a la infrafinanciación sería la que, acumulada, conocemos como deuda histórica. Como consecuencia que te has ido endeudando más, tienes unos intereses más grandes", explica el investigador.
Y ahora, qué? Nueva legislatura y nuevas esperanzas para un Gobierno, el Valenciano, que comparte color político con el español y que puede aprovechar para forzar un cambio en el modelo de financiación. Habrá que esperar y ver si, una vez más, dejan pasar la oportunidad y el País Valencià -Administración, sociedad, trabajadores, empresarios- se ahoga un poco más con el nudo de la financiación o si consigue, por fin, un trato justo.