Barcelona se despierta este lunes con el deseo de vivir una semana de alto voltaje. Aviones llenos, taxis desbordados, hoteles que rozan la plena ocupación, acreditaciones colgando del cuello y miles de congresistas es la imagen que se espera una vez más con la llegada de una nueva edición del Mobile World Congress (MWC). Esta postal de euforia contrasta con un debate que se ha instalado en el centro de la ciudad y de su economía: el futuro de los pisos turísticos. Mientras que el MWC vuelve a demostrar la capacidad de la capital catalana para convertirse en una de las mejores cartas globales que tiene Catalunya -tal como afirma el economista Oriol Amat en su último artículo de VIA Empresa-, el calendario avanza inexorable hacia el noviembre de 2028, la fecha en que el Ayuntamiento quiere extinguir todas las licencias de vivienda de uso turístico.
Según un informe de la consultora PwC, eliminar los pisos turísticos supondría un impacto económico “relevante y negativo” para Barcelona. El estudio señala que la contribución total de estas viviendas fue de 1.928 millones de euros en 2023, el equivalente al 1,9% del PIB de la ciudad. Por cada euro que se genera directamente a través de los pisos de uso turístico se generan 3,5 en el conjunto de la economía, con especial incidencia en la restauración, el comercio, el ocio y la cultura. Todo ello es solo la punta del iceberg, porque PwC también cuantifica el impacto laboral: 40.340 puestos de trabajo dependen directa o indirectamente de los pisos turísticos, desde los 9.140 puestos vinculados a la actividad directa hasta los 24.584 generados por la estancia de los visitantes y las inversiones de los propietarios.
40.340 puestos de trabajo dependen directa o indirectamente de los pisos turísticos, desde los 9.140 vinculados a la actividad hasta los 24.584 generados por la estancia y las inversiones
En este contexto, el interrogante que planea con insistencia es si se puede prescindir de un motor que representa el 3,5% de la ocupación de la ciudad sin generar un vacío difícil de llenar. La respuesta no es obvia, y menos aún en una semana como esta, en que Barcelona pone a prueba su capacidad de acoger el mundo. Y es precisamente aquí donde Apartur enciende todas las alarmas. La asociación de apartamentos turísticos de Barcelona ha cuantificado en un 91% la ocupación de los inmuebles durante el MWC, con cerca de 29.000 plazas ocupadas por congresistas que alargan la estancia entre cinco y seis días, a menudo más allá de las fechas oficiales del congreso.
Por lo tanto, no es casualidad que nueve de cada diez congresistas que eligen esta modalidad de alojamiento se declaren contrarios a su eliminación. Pero el dato que más inquieta al sector es la proyección de futuro. En un comunicado emitido el pasado jueves, Apartur estima que si en 2028 desaparecen las licencias, Barcelona pasará de las actuales 152.320 plazas a 94.196. En el día de máxima afluencia, la ciudad requiere de 146.328 plazas para absorber a los 77.265 congresistas que llegan de fuera, un desajuste que dejaría 52.000 camas por cubrir.
Los antecedentes: del anuncio de Collboni a los tribunales de Apartur
La decisión que desencadenó el actual saco de nervios inmobiliario que ha aterrizado con el MWC llegó en junio de 2024, cuando el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció que las más de 10.000 viviendas de uso turístico actuales dejarán de existir en el año 2028. Lo hizo en la presentación del pla Viure, un paquete de medidas con el que el gobierno municipal y el consistorio quieren que los pisos de esta tipología que hay actualmente pasen a ser residenciales, de forma que se mantenga la reserva del 30% de vivienda protegida. Desde entonces, el sector ha reaccionado, se ha opuesto, y el conflicto ha traído cola en el ámbito jurídico.
Marian Muro, directora general de Apartur, asegura a VIA Empresa que el origen del conflicto "comienza en 2023, con un decreto ley de la Generalitat que establece que, para poder tener un piso turístico, será necesaria una licencia urbanística”. Hasta ahora, recuerda, bastaba con una declaración responsable, pero el nuevo marco “introduce un requisito mucho más restrictivo”. Asimismo, tilda de "absolutamente populista" la medida de Collboni, porque "asocia los pisos turísticos a la crisis de vivienda cuando solo representan el 1% del parque, y es una actividad plenamente controlada desde 2014”.
Muro (Apartur): "La medida de Collboni asocia los pisos turísticos a la crisis de vivienda cuando solo representan el 1% del parque, y es una actividad plenamente controlada desde el 2014”
Al otro lado de la balanza, y en una entrevista con este diario, el responsable del MWC, John Hoffman, evita dramatismos en todo este entramado, pero admite que la desaparición de los apartamentos turísticos obligará a repensar parte del modelo de alojamiento de la ciudad. Recuerda que, cuando el congreso aterrizó en Barcelona, Airbnb ni siquiera existía y los apartamentos turísticos eran residuales, pero la logística funcionó igualmente. “Somos bastante innovadores en cuanto a cómo utilizamos los recursos. Y los hoteleros y los apartamentos turísticos son recursos que debemos averiguar cómo integrar en nuestro plan”, subraya.
Hoffman defiende que el congreso siempre ha sabido encontrar alternativas cuando la capacidad de alojamiento era insuficiente. Antes del auge de los pisos turísticos, la GSMA usaba residencias universitarias y campus para alojar a parte de los participantes. Y recuerda experiencias internacionales aún más creativas: en Cannes, Siemens alquiló un barco y lo ancló en el puerto para alojar a personal y visitantes.
Pero mientras la organización apela a la flexibilidad, en Barcelona el debate ha cogido temperatura. El Ayuntamiento impulsó, junto con la Cambra de la Propietat Urbana y el Col·legi d’Administradors de Finques, una iniciativa para fomentar que las comunidades de vecinos prohibieran los pisos turísticos. Apartur llevó el acuerdo a los tribunales, con el argumento de que “excede las competencias municipales” y vulnera la seguridad jurídica de una actividad legalmente autorizada. El teniente de alcalde, Jordi Valls, replicó que la asociación “habla todo el día de ilegalidades, pero no del foco del problema”, y recordó que algunos pisos turísticos “generan problemas de convivencia”.
En este clima de tensión, Muro considera que la regulación es “discriminatoria”, porque “hay entre 40.000 y 50.000 viviendas destinadas a otros usos -despachos, academias, peluquerías- y solo se carga contra nosotros, que somos minoritarios”. También añade que la promesa de recuperar 10.000 pisos es irreal: “Aunque pierda la licencia, el derecho de propiedad se mantiene, y yo podré hacer con mi piso lo que quiera. No hay ninguna relación de causa y efecto”, subraya.
Por su parte, el CEO de la GSMA reconoce los motivos de "optimización" que hay detrás. “Entiendo perfectamente la razón de limitar los apartamentos turísticos para que los residentes tengan la oportunidad de vivir en la ciudad donde trabajan a un precio razonable. Tiene mucho sentido", remarca. "Nosotros, como usuarios de sus instalaciones, tenemos que encontrar la manera de trabajar dentro de estas limitaciones de una manera que tenga sentido para nosotros. Y estoy seguro de que lo haremos. Simplemente, todavía no sé cuál será", concluye.
Por otro lado, en marzo de 2025, el Tribunal Constitucional (TC) validó el decreto y, por lo tanto, dio cobertura legal completa a la decisión de Collboni. El tribunal considera acreditado que los pisos turísticos afectan el derecho de acceso a la vivienda y que limitar su uso es una medida legítima de interés general. También descarta que haya vulneración del derecho de propiedad, porque la norma no retira los pisos, sino que regula su uso. Además, avala la moratoria de cinco años, que considera un plazo suficiente para que el sector se adapte a ella.
Hoffman: “Entiendo perfectamente la razón de limitar los apartamentos turísticos para que los residentes tengan la oportunidad de vivir en la ciudad donde trabajan a un precio razonable. Tiene mucho sentido"
La resolución fue un golpe para Apartur. Muro recuerda que lo perdieron, pero “ya sabíamos que lo perderíamos tal como está el patio”, admite. Por eso han decidido escalar el conflicto a Europa, apelando a la directiva de libre circulación de servicios. “La directiva Bolkestein exige proporcionalidad, no discriminación e idoneidad, y en nuestro caso no se cumple ninguno de los tres requisitos”, afirma.
En paralelo a estos hechos, los datos confirman que el sector ya hace tiempo que se reduce. Según la estadística experimental del Institut Nacional d'Estadística (INE), Catalunya ha perdido uno de cada cuatro pisos turísticos entre 2020 y 2025. Solo entre 2024 y 2025, el parque ha caído un 11,3%, con casi 6.000 viviendas menos, hasta situarse en 46.915 unidades, la cifra más baja de la serie. La caída es especialmente intensa en la demarcación de Barcelona, donde habrían cerrado cerca del 40% de los pisos que operaban en agosto de 2020.
Una tendencia que Muro observa desde su terreno, y alerta de que la desaparición de las licencias tendrá consecuencias directas sobre la capacidad de acogida de Barcelona. “Ni el MWC ni otros eventos de esta magnitud se podrán celebrar”, apunta. También explica que la corona metropolitana “ya está llena” y que la situación actual del transporte público hace inviable desplazar congresistas a municipios más lejanos: “Si tengo que ir a Granollers y dependo de Rodalies, es imposible. El transporte y la vivienda van de la mano”, concluye.
Hoteles que rozan el lleno y una organización que estudia nuevas vías de alojamiento
La presión sobre la capacidad de alojamiento no solo se percibe en los apartamentos turísticos. Los hoteles también llegan al MWC con ocupaciones que rozan el lleno. La cadena Ona Hotels & Apartments, con dos establecimientos en Barcelona -Ona Living, en l’Hospitalet de Llobregat y a cinco minutos de Fira, y Mosaic by Ona, en la Rambla de Catalunya- confirma a VIA Empresa que esta semana trabajan al 100% de ocupación, en línea con el año pasado. La demanda es tan sostenida que, según explican, no ha sido necesario ajustar ni la operativa ni la estrategia: “Detectamos una demanda muy importante de público estatal y también de visitantes alemanes, especialmente en el Ona Living, por su proximidad al congreso”, señalan.
A pesar de esquivar pronunciarse sobre la prohibición de los pisos turísticos, desde el grupo hotelero defienden que el sector es “elástico y resiliente”, capaz de gestionar picos de demanda como los que genera el propio MWC, elISE o el Gran Premi de Fórmula 1 y MotoGP. “El conocimiento acumulado durante todos estos años nos debe servir para prepararnos para eventos de talla mundial que ya tenemos a la vista, como el Mundial de Fútbol del 2030”, concluyen.
Los hoteles defienden su “elasticidad y resiliencia”, capaces de gestionar picos de demanda como los que genera el propio MWC, el ISE o el Gran Premi de Fórmula 1
Todo ello encaja con la fotografía general del congreso. Según el portal eBooking, los hoteles de l’Hospitalet ya rozan el 97% de ocupación y los de Barcelona llegan al 93%. La saturación es tal que muchos asistentes se ven obligados a buscar alojamiento en municipios cercanos, especialmente los que deciden asistir a última hora o no pueden asumir las tarifas disparadas: 690 euros de media por noche en l’Hospitalet y 590 euros en Barcelona, en un año en que la GSMA espera superar los 100.000 visitantes y generar un impacto económico de 585 millones de euros.
En definitiva, el futuro del MWC en Barcelona ya no pivota solo sobre la innovación tecnológica, también lo hace sobre la capacidad de una ciudad para garantizar un techo donde dormir. El 2028 se vislumbra en el horizonte y el mapa de alojamientos se reconfigurará de arriba abajo. Quizás la ciudad encontrará alternativas, quizás la organización reinventará su logística. O quizás no. Lo que es seguro es que el MWC 2026 aterriza con una pregunta que nadie se atreve a responder del todo: ¿cómo será un MWC sin pisos turísticos? Y, sobre todo, ¿quién podrá (y querrá) asumir el reto de hacerlo posible?